Reynaldo Hernandez Rosa.-
San Francisco
de Macoris.-
Es el Defensor
del Pueblo RD un adefesio constitucional??,
Lejos de las
buenas intenciones de la
directora, doctora Zoila Martinez
Guante, estas, no suman nada a
el organismo que
con rango constitucional no
juega su rol como
lo han establecido otros similares en
países de America
Latina, al extremo,
que estos, las
entidades pro derechos
humanos son determinantes cuando
se vulneran preceptos
que las Cartas
Magnas de estas
naciones consagran, razon hoy,
por la cual el
Defensor del Pueblo RD no ha
logrado su espacio dentro del
colectivo, entre otras,
por la cantidad
de tecnócratas que
han invadido el órgano.
Es penoso
el pobre desempeño
del Defensor del
Pueblo RD, esto, si tomamos
como premisa los logros de
iguales organismos en
naciones de nuestra
America morena, donde
los resultados son
tan fehacientes y puntuales que
hoy son verdaderos defensores
de los habitantes, Argentina,
Chile, Costa Rica, etc, cuando
funcionarios y prestadoras de
servicios violan derechos
fundamentales de los ciudadanos.
En nuestro país, el Defensor
del Pueblo ha demostrado
una ineficacia olímpica,
con acciones un tanto ajena
a su rango
constitucional, evidenciando
serios entuertos en materia
jurisdiccional.
Pese a
tener elementos probatorios, aportados
por los afectados, como en los
casos de
la continua violación a la
normativa 41-08 de Funcion
Publica, donde cientos
de ex empleados
del Estado que acuden al
organismo en cuestión, ven frustradas
sus pretensiones, dado
las exiguas respuestas de una
entidad llamada a
socorrer los abusos
en materia de
derechos humanos.
El rango constitucional del Defensor
del Pueblo es pisoteado
por ministros, directores
generales, los cuales, con
una intolerancia trujillista
obvian las notificaciones del
Defensor del Pueblo, haciendo
mofa de tales
pretensiones, tal es el caso
del director del
INDRHI, Olgo Fernandez, no obstante,
la cantidad de
demandas por transgresión a la
Ley 41-08
Lejos de una defensa de los derechos fundamentales que le
asisten a la persona humana, la institución debería intervenir en otras esferas
de la vida pública, como es el caso de impulsar la transformación del Estado
para una mejor prestación de los servicios públicos; y contribuir a la
consolidación de una democracia en la que se garanticen a plenitud los derechos
fundamentales, tanto los civiles y políticos como los sociales, económicos y culturales